La Prefectura del Guayas mantiene una investigación activa tras recibir denuncias sobre la presunta descarga de aguas residuales contaminadas desde una empresa empacadora de camarón ubicada en el cantón Durán. La entidad realizó un operativo de inspección en las instalaciones, situadas a pocos metros al interior y detrás del peaje Durán-Tambo, con el objetivo de verificar si existe una afectación ambiental real.
Observaciones técnicas y toma de muestras
Durante la visita técnica, Roberto Marcos, director de Gestión Ambiental de la Prefectura, señaló que los especialistas observaron aguas de tonalidad rosada y rojiza en el predio. Según se reportó, estos líquidos aparentemente serían descargados hacia un estero cercano a las instalaciones. Para obtener evidencia visual del área afectada, el personal utilizó un dron que confirmó la coloración anómala del agua.
No obstante, Marcos aclaró que la observación directa no es suficiente para determinar el origen exacto ni el nivel de contaminación. Por esta razón, técnicos de calidad ambiental y funcionarios de la Comisaría Ambiental tomaron muestras en diferentes puntos: en la parte superior donde está el agua del proceso, en el canal por donde se dirige el líquido y directamente en el punto de descarga.
Procedimiento legal y posibles sanciones
Las muestras recogidas serán analizadas en un laboratorio acreditado para comparar los resultados con los parámetros establecidos. El objetivo es determinar si el agua proviene del proceso industrial de la empacadora y si cumple o no con las condiciones contempladas en su permiso ambiental.
Marcos explicó que, al tratarse de una planta donde se procesa camarón proveniente de otras piscinas para exportación, esta debe contar obligatoriamente con una planta de tratamiento de aguas residuales. La revisión busca verificar el funcionamiento de dicha infraestructura y si el agua cumple los requerimientos legales antes de ser descargada.
¿Qué sigue en la investigación?
Si durante la intervención se determina la existencia de una posible infracción ambiental, la Prefectura tiene facultades para disponer la suspensión inmediata de las actividades mientras se verifica que no exista un riesgo inminente para el ambiente. Esta medida podría extenderse por aproximadamente 10 días.
Durante este periodo, los responsables de la empresa podrían acudir a la entidad con base en el informe técnico finalizado. La Prefectura determinaría entonces las acciones correspondientes, como la presentación de un plan de acción o emergente. En caso de requerirse medidas urgentes para evitar una afectación grave a la naturaleza, estas deberían cumplirse en un plazo de 48 horas.
