El Gobierno ha posicionado la lucha contra la extorsión como una de las prioridades del año 2026, enfocando sus esfuerzos en las capturas de los responsables. Esta estrategia busca no solo sancionar a los delincuentes, sino también proteger el patrimonio de las víctimas y evitar que se materialicen los pagos exigidos bajo amenaza.
Según la información disponible, las operaciones de captura han sido efectivas para interceptar estos ilícitos antes de que se consumen. Se estima que estas intervenciones han evitado el desembolso de 38 millones de dólares en concepto de extorsión, demostrando un impacto directo en la reducción del daño económico a los ciudadanos y comerciantes.
Para Durán, esta cifra representa una señal clara de la efectividad de las acciones preventivas. Al evitar que se realicen estos pagos, se debilita el modelo de negocio de las bandas criminales y se reduce la presión sobre los sectores productivos y comerciales del cantón, contribuyendo a un entorno más seguro para la vida cotidiana de sus habitantes.
