El presidente Daniel Noboa ha renovado por un período de 30 días el estado de excepción en Ecuador, una medida que busca combatir la persistente violencia criminal y garantizar la estabilidad institucional. La disposición se formaliza mediante el Decreto Ejecutivo N° 472, fundamentada en la grave conmoción interna derivada de las acciones de organizaciones criminales y los hechos violentos registrados recientemente.
Ámbito territorial de la medida
La vigencia del estado de excepción abarca una extensión geográfica significativa que incluye diez provincias completas: Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay. Además, la normativa se aplica en tres cantones específicos situados fuera del ámbito provincial completo: La Maná (provincia de Cotopaxi), Las Naves (provincia de Bolívar) y La Troncal (provincia de Cañar). Esta distribución territorial responde a las zonas identificadas como focos críticos de la actividad ilícita.
Intervención militar y facultades extraordinarias
Bajo este marco legal, el Decreto 472 establece la intervención directa de las Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía Nacional. El objetivo principal es ejecutar acciones conjuntas de seguridad y control territorial para desarticular estructuras criminales. La medida permite a los efectivos militares apoyar operaciones que tradicionalmente son competencia exclusiva del cuerpo policial.
Asimismo, se mantienen vigentes las restricciones al derecho de inviolabilidad de domicilio y correspondencia. Estas facultades extraordinarias permiten el acceso e intervención en propiedades privadas cuando sea necesario para la investigación criminal o la captura de sospechosos. También se habilita la posibilidad de realizar requisiciones temporales de bienes y servicios lícitos, una herramienta logística crucial para sostener las operaciones de seguridad, información confirmada por Ecuador al Día.
Justificación oficial y límites constitucionales
El Ejecutivo ha justificado esta renovación señalando que persisten disputas territoriales entre bandas del narcotráfico, así como la proliferación de homicidios, extorsiones y secuestros. La administración considera indispensable mantener estas medidas mientras no se logre una reducción sostenida en los índices de criminalidad organizada.
No obstante, el Gobierno enfatiza que todas las acciones emprendidas bajo este estado deben cumplir estrictamente con los límites establecidos por la Constitución de la República y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. La medida busca equilibrar la necesidad de seguridad pública con el respeto a los derechos fundamentales, evitando arbitrariedades en el ejercicio del poder estatal.
